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El futuro de Cobre Panamá
El gran yacimiento de Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals (FQM), está en manos del presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Esto ocurre tras recibir un informe clave de una comisión interministerial que recomienda cerrarlo de manera ordenada y autofinanciada. La decisión sobre el futuro de la mina es crucial para el país.
Claves de la nota
- La mina Cobre Panamá, con una inversión de 10.000 millones de dólares, está paralizada desde 2023.
- El cese de la mina borró más del 4 % del PIB de Panamá y afectó a 7.000 empleos.
- El Estado panameño enfrenta reclamaciones arbitrales suspendidas por US$27.000 millones relacionadas con la mina.
El futuro del gran yacimiento, propiedad de Minera Panamá (filial de FQM), está en manos del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, después de recibir un informe clave hecho por una comisión integrada por tres ministerios que recomienda cerrarlo de manera ordenada y autofinanciada.
Apoyo empresarial a la negociación mina Panamá
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el principal gremio empresarial del país, considera “razonable” que el Gobierno avance en una eventual negociación con la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM). Esta negociación busca un cierre ordenado de la mina de cobre, tal como lo propuso la comisión interministerial esta semana, buscando proteger los intereses nacionales.
La minera canadiense se ha mostrado abierta a negociar “de buena fe” con el Gobierno un nuevo marco legal para Cobre Panamá, un proyecto con una inversión de 10.000 millones de dólares paralizado desde 2023 tras un fallo judicial que declaró inconstitucional la concesión, después de una oleada inédita de protestas.
Consideramos razonable avanzar en la evaluación y eventual negociación de esta alternativa. Esa etapa permitirá conocer sus condiciones concretas antes de que el país adopte una decisión definitiva.
Así lo señaló el comunicado dominical de los empresarios panameños. La cámara empresarial solicitó “información independiente, transparencia y una decisión que protegiera los intereses del país sin trasladar sus costos a los panameños”, como propone el informe.
Considera que la elección final “debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable, económicamente sostenible y capaz de generar confianza, siempre protegiendo los intereses de Panamá“.
Podemos disentir. Podemos cuestionar. Debemos fiscalizar. Hagámoslo con datos, serenidad y sentido de país.
Impacto económico y legal del cierre
La comisión interministerial aconsejó al presidente José Raúl Mulino evaluar la viabilidad de un acuerdo que resuelva los procedimientos arbitrales pendientes y establezca las condiciones para un cierre ordenado del sitio sin opción a prórroga. Aunque no fija una fecha, recomienda que el cierre sea progresivo con pasos agendados para mitigar los efectos.
El ministro de Economía, Felipe Chapman, advirtió sobre las consecuencias económicas de mantener paralizada la mina de cobre. Tras su cese, la mina borró más del 4 % del PIB del país. Un cierre definitivo cargaría las finanzas públicas del Estado, expuesto a reclamaciones arbitrales suspendidas por US$27.000 millones.
La mina entró este año en una fase de preservación, que incluye el procesamiento de toneladas de mineral que había quedado a la intemperie. Esto dejó sin actividad un proyecto que representaba unos 7.000 empleos directos y generó un fuerte debate sociopolítico y ambiental en Panamá.





















