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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó iniciar negociaciones formales con Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, para reactivar la mina Cobre Panamá que estuvo paralizada desde noviembre de 2023 tras declararse inconstitucional su contrato. Se establecerá una figura legal distinta a una concesión en caso de un acuerdo. La decisión busca evitar multimillonarios arbitrajes internacionales y aprovechar la demanda mundial de cobre.
Claves de la nota
- La mina Cobre Panamá está paralizada desde el 28 de noviembre de 2023 tras declararse inconstitucional su contrato ley 406.
- El informe con las recomendaciones de la comisión interministerial fue recibido por el Mandatario el pasado 30 de septiembre de 2026.
- First Quantum Minerals llegó a reclamar 20.000 mdd en arbitrajes internacionales contra el Estado panameño.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó iniciar conversaciones formales con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explorar la reactivación de la mina de cobre de Donoso, en la provincia de Colón. El Jefe de Estado fijó como condiciones un cierre definitivo pagado por la empresa y el fin de todos los arbitrajes contra el país. Con esta medida el Gobierno de Panamá intenta también aprovechar la creciente demanda mundial de cobre.
Durante una alocución, Mulino expresó que el inicio de las conversaciones formales con la empresa minera es explorar un acuerdo, “cuyo objetivo principal sea obtener los mayores beneficios para el país”. En ese sentido designó a un equipo interministerial a cargo de la negociación, que estará encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.
Aún se desconoce la figura que regirá el acuerdo, aunque detalló que no será ninguna concesión. Según el artículo 159 de la Constitución de Panamá una concesión debe pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional Legislativa.
Mulino argumentó que su decisión fue estudiada bajo dos escenarios presentados por la comisión interministerial que analizó el caso. El pasado 30 de septiembre de 2026, el Mandatario recibió un informe con sus recomendaciones.
Una de las opciones era mantener la mina cerrada. Según el Presidente, eso reactivaría los arbitrajes y, en caso de perderlos, obligaría a “asumir el pago de miles de millones de dólares que comprometerían las finanzas del país durante décadas”. Adicionalmente el Estado también tendría que asumir “los riesgos ecológicos y los millonarios costos de mantener el sitio en condiciones seguras”.
La otra vía, que decidió tomar, es “trabajar en un plan de apertura que genere empleos y verdadera riqueza para el país bajo estrictas exigencias ambientales y que elimine los arbitrajes internacionales”.
“Como hoy debo escoger entre asumir el costo político para mi gobierno o dejar que los panameños carguen una vez más con el costo económico de una decisión. Entre lo fácil y lo correcto, nuevamente elijo lo correcto”, dijo Mulino.
El presidente panameño dijo que la negociación se basará en cinco puntos que serán irrenunciables: la pertenencia total a Panamá de los minerales del subsuelo; máximo beneficio económico para el país; respeto a la soberanía que impida decisiones de la empresa sobre territorio, agua o espacio aéreo; protección ambiental con controles estrictos, fiscalización independiente e información pública; finalmente el acuerdo deberá respetar la Constitución de Panamá.
Destacó que el punto central de cualquier acuerdo será “el cierre ordenado y definitivo de la mina a costo de la empresa con amplios controles internos y externos… Este cierre definitivo no será negociable y tampoco tendrá opción a prórroga”.
En 2023 detuvieron las operaciones
La mina Cobre Panamá está paralizada desde el 28 de noviembre de 2023. Ese día, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley 406, que otorgaba la concesión a Minera Panamá, tras una de las mayores protestas que vivió el país durante más de 4 semanas.
Es una de las mayores explotaciones de cobre de la región. Según datos de la propia empresa tiene 3.000 millones de toneladas de reservas probadas. También aportarían cerca del 5% del PIB al país, antes del cierre.
Antes de la decisión de Mulino
El Gobierno ordenó una auditoría integral, realizada por la firma suiza SGS. Con esos resultados, una comisión integrada por los ministros Felipe Chapman (Economía), Julio Moltó (Comercio) y Juan Carlos Navarro (Ambiente) recomendó el pasado 30 de septiembre negociar con la empresa. La fórmula propuesta es que la propia mina genere los recursos para financiar su cierre, un proceso que podría extenderse 20 o 30 años.
Los arbitrajes son la principal preocupación del Estado. First Quantum Minerals llegó a reclamar 20.000 mdd. En 2025 desistió del proceso ante la Cámara de Comercio Internacional y suspendió el que tenía bajo el Tratado de Libre Comercio con Canadá.
Por otra parte, First Quantum calcula que el país dejó de percibir cerca de 3.500 mdd entre 2024 y 2025 debido a la paralización de sus operaciones.






















