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Voz generada con inteligencia artificial por ElevenLabs. El texto es de la redacción de Finanzas y Negocios.
Brasil entra en la fase decisiva de una campaña presidencial marcada por el empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, investigaciones que alcanzan a sus respectivos entornos y una deuda pública superior al 80 % del PIB. La mayor economía latinoamericana deberá decidir algo más que qué la gobierna: qué proyecto ofrece credibilidad política y margen fiscal para hacerlo.
Brasil acaba de entrar en la etapa en la que una campaña electoral deja de ser una conversación entre políticos y empieza a ocupar la vida cotidiana.
Claves de la nota
- Más de 158 millones de electores están convocados a elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados en Brasil.
- La deuda pública brasileña ya supera el 80% del PIB, frente al 72% de 2023 según los datos oficiales.
- Brasil se expandió un 3,4% en 2024, pero redujo su ritmo al 2,3% en 2025 y prevé un 2% para 2026.
Desde este 28 de agosto, las voces y los rostros de los candidatos llegan gratuitamente a la radio y la televisión de millones de hogares. A partir de ahora, cada denuncia, promesa, dato económico y error personal tendrá una audiencia mucho mayor.
El país celebrará la primera vuelta de sus elecciones generales el 4 de octubre y una eventual segunda ronda el 25 de ese mes. Más de 158 millones de electores están convocados a elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados, según el calendario del Tribunal Superior Electoral.
La elección presidencial vuelve a estar organizada alrededor de dos apellidos que han dividido a Brasil durante la última década. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca un nuevo mandato frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece inhabilitado para competir y cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por el intento de revertir el resultado electoral de 2022.
Sin embargo, esta vez la polarización llega acompañada por una circunstancia menos cómoda para ambos campos: las sospechas de corrupción ya no pertenecen exclusivamente al relato que cada bando construye sobre su adversario. Alcanzan, con diferentes causas y grados de avance judicial, a los entornos de los dos principales candidatos.
A ello se suma un tercer factor que no aparecerá en las papeletas, pero condicionará a quien gane: una deuda pública superior al 80% del producto interno bruto, tasas de interés todavía elevadas y una economía que pierde velocidad.
La campaña brasileña comienza así con tres preguntas entrelazadas:
- ¿Quién puede reclamar autoridad moral frente al adversario?
- ¿Quién ofrece una ruta fiscal creíble?
- ¿Y cuánto de esta elección estará determinado por propuestas de futuro, en lugar de volver a convertirse en un juicio sobre los dos grandes bloques políticos del pasado reciente?
Dos candidatos bajo la lupa y el panorama electoral
Lula llega a la campaña como favorito, aunque sin una ventaja tranquilizadora. Una encuesta de Datafolha le atribuyó el 39% de las intenciones de voto en primera vuelta, frente al 32% de Flávio Bolsonaro.
En una eventual segunda ronda, el mandatario alcanzaría el 47% y su rival el 43%, una diferencia comprendida dentro del margen de error de dos puntos
Otros estudios presentan una carrera todavía más estrecha. La consecuencia política es clara: Lula encabeza las encuestas, pero no controla la elección.
Para ganar necesitará ampliar su apoyo más allá del electorado fiel al Partido de los Trabajadores y reducir el rechazo entre votantes moderados, sectores empresariales y ciudadanos preocupados por la seguridad y el manejo de las cuentas públicas. Ese esfuerzo coincide con investigaciones que alcanzan a personas de su círculo más cercano.
La Policía investiga si Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del presidente, utilizó su posición para favorecer intereses privados en potenciales negocios con el Gobierno.
Las pesquisas también involucran a Marco Aurélio Ribeiro Santana, conocido como Marcola y exjefe de Gabinete del mandatario, sobre quien existen sospechas de haber recibido dinero y regalos de una cabildera. Se trata de investigaciones en curso y no de responsabilidades judicialmente probadas.
Pero en una campaña apretada, el daño no depende únicamente de una sentencia. La cercanía con el poder, los posibles conflictos de interés y la capacidad del Gobierno para garantizar una investigación independiente tienen por sí mismos un costo político.
Lula intentó establecer una línea de defensa institucional. Dijo estar “muy decepcionado”, calificó de equivocada la conducta atribuida a su excolaborador y aseguró que no interferirá para proteger a su hijo. Si este cometió algún ilícito, afirmó, deberá responder “como cualquier ciudadano brasileño”.
La respuesta procura marcar distancia respecto de Jair Bolsonaro, acusado durante su Presidencia de movilizar recursos políticos para proteger a miembros de su familia. Pero también revela la vulnerabilidad del actual mandatario: después de haber regresado al poder presentándose como una alternativa democrática frente al bolsonarismo, Lula necesita demostrar que la institucionalidad que reivindica también funciona cuando las investigaciones entran en su propia casa.
Flávio Bolsonaro enfrenta un problema semejante. El Partido de los Trabajadores ha recuperado acusaciones sobre su relación con Daniel Vorcaro, el banquero encarcelado por un escándalo en el sistema financiero, y un antiguo caso relacionado con la contratación de supuestos empleados fantasma cuando era legislador en Río de Janeiro. Parte de las pruebas de ese último proceso fueron anuladas y el expediente no produjo una condena.
La campaña se perfila, por lo tanto, como una competencia de vulnerabilidades.
Cada candidato intentará persuadir al electorado de que las sospechas que rodean al adversario son estructurales, mientras las propias son exageraciones, asociaciones circunstanciales o investigaciones sin pruebas concluyentes.
Esa dinámica puede movilizar a los seguidores más convencidos. Es menos seguro que alcance para conquistar al votante que no se siente representado por ninguno de los dos polos.
La deuda entra en la campaña
Si las investigaciones amenazan la autoridad política de Lula, la deuda cuestiona el margen económico de un eventual cuarto mandato.
La deuda pública brasileña ya supera el 80% del PIB, frente a cerca del 72% cuando el dirigente progresista regresó al poder en 2023. El presidente sostiene que esa proporción no es alarmante para una economía del tamaño de Brasil y que la forma más eficaz de reducirla es acelerar el crecimiento.
Su argumento contiene una verdad básica: una economía que crece puede reducir la deuda como proporción del PIB, aumentar la recaudación y mejorar la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones.
El problema es que el crecimiento esperado puede no ser suficiente para cumplir esa tarea. Brasil se expandió un 3,4% en 2024, pero redujo su ritmo al 2,3% en 2025. Las previsiones del mercado sitúan el crecimiento de 2026 cerca del 2%. Es una tasa positiva, aunque demasiado modesta para resolver por sí sola el desequilibrio fiscal.
Lula atribuye buena parte del incremento de la deuda al costo de los intereses. La tasa de referencia, que llegó al 15% anual —su mayor nivel en dos décadas—, fue reducida al 14/ %, pero continúa encareciendo el financiamiento del Estado y restringiendo el crédito para empresas y consumidores.
Aquí aparece el círculo que Brasil necesita romper. La incertidumbre fiscal ayuda a mantener elevadas las tasas de interés; las tasas altas aumentan el costo de la deuda; y ese mayor costo deteriora aún más la perspectiva fiscal.
El Gobierno promete cerrar este año con un superávit primario equivalente al 0,1% del PIB y defiende que el nuevo marco fiscal ha permitido contener el crecimiento del gasto. La oposición replica que los compromisos presupuestarios, los resultados negativos de algunas empresas estatales y la expansión de la deuda muestran una trayectoria difícil de sostener.
La discusión no es meramente contable. Determinará cuánto espacio tendrá el próximo presidente para financiar políticas sociales, infraestructura, seguridad, salud y desarrollo industrial. También influirá sobre el tipo de cambio, el costo del capital y las decisiones de inversión en la mayor economía de América Latina.
Lula ha descartado, por ejemplo, privatizar Correos, una empresa estatal con pérdidas acumuladas, y promete recuperarla mediante ajustes y posibles asociaciones. La decisión sintetiza el contraste electoral: el mandatario apuesta por preservar la capacidad operativa del Estado; sus críticos ven en esa estrategia una resistencia a reconocer el costo fiscal de sostener estructuras deficitarias.
Una elección que excede a Brasil
Para México y Centroamérica, la elección brasileña es mucho más que una disputa política distante.
Brasil es la economía más grande de América Latina, una potencia agroindustrial, un actor central del llamado Sur Global y uno de los países con mayor capacidad para definir la relación de la región con Estados Unidos, China y Europa.
Su estabilidad financiera influye sobre la percepción internacional del riesgo latinoamericano y sobre los flujos de capital hacia los mercados emergentes.
El resultado también tendrá una dimensión ideológica. Una victoria de Lula fortalecería a los gobiernos progresistas y confirmaría la capacidad del dirigente para mantener unida una coalición amplia frente a la derecha. Un triunfo de Flávio Bolsonaro demostraría que el bolsonarismo puede sobrevivir electoralmente a su fundador y transformarse en una corriente política hereditaria, con estructura propia y alcance nacional.
Pero la pregunta más importante puede no ser cuál de las dos corrientes vence, sino con qué capacidad llegará al poder.
El próximo presidente enfrentará un Congreso fragmentado, una sociedad polarizada y un presupuesto rígido. Tendrá que negociar con fuerzas políticas que con frecuencia apoyan al Gobierno de turno a cambio de recursos y posiciones, un sistema que reduce la distancia ideológica entre gobernar y transar.
La campaña televisiva que ahora comienza amplificará los ataques y simplificará los dilemas. Lula presentará a su rival como la continuidad de un proyecto autoritario y familiar. Flávio Bolsonaro buscará asociar al presidente con corrupción, desorden fiscal y aliados internacionales impopulares entre el electorado conservador.
Sin embargo, detrás de esa batalla existen preguntas que la propaganda difícilmente podrá ocultar durante mucho tiempo: cómo estabilizar la deuda sin detener el crecimiento, cómo financiar las promesas sociales, cómo preservar la autonomía de las investigaciones y cómo gobernar sin convertir cada crisis institucional en otra guerra entre Lula y Bolsonaro.
Brasil parece encaminado a otra elección polarizada, pero no idéntica a las anteriores. Lula ya no representa solamente la promesa de restaurar la normalidad democrática; ahora debe defender los resultados y las contradicciones de un Gobierno. Y el bolsonarismo ya no puede atribuir todos sus problemas al temperamento de su fundador: debe demostrar que posee una propuesta que vaya más allá del apellido.
En las próximas cinco semanas, los brasileños escogerán entre candidatos. Al mismo tiempo, emitirán un juicio sobre dos legados políticos y sobre la posibilidad de que alguno de ellos pueda ofrecer algo más difícil que una victoria electoral: un Gobierno con credibilidad, recursos y capacidad para durar.
Con información de EFE, el Tribunal Superior Electoral de Brasil, el Banco Central de Brasil y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
