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En el caso de El Salvador, un país con el que Trump actualmente mantiene buenas relaciones, el Ejecutivo dejará expirar la protección que vence este 9 de septiembre para unos 170.000 inmigrantes, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.
Claves de la nota
- El próximo 9 de septiembre finalizará el Estatus de Protección Temporal para más de 170.000 salvadoreños en Estados Unidos.
- La inmigrante Alma llegó a Estados Unidos en brazos de su madre con apenas 18 meses de edad y ha estado protegida desde 2001.
- José Palma, de 48 años y coordinador de la Alianza TPS, es padre de cuatro ciudadanos estadounidenses y busca una solución permanente.
El fin del TPS para más de 170.000 salvadoreños
El próximo 9 de septiembre marcará un antes y un después para más de 170.000 salvadoreños en Estados Unidos, cuando llegue a su fin el Estatus de Protección Temporal y se enfrenten a la obligación de regresar a El Salvador, un país que algunos apenas conocen o del que, incluso, no conservan recuerdos.
“Prácticamente he estado toda mi vida en Estados Unidos: aquí crecí, fui a la escuela, compré mi casa, y estoy haciendo una carrera”
dice a EFE Alma, una salvadoreña amparada por el beneficio desde 2001 y que no quiso revelar su apellido por temor a represalias.
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La inmigrante, de 30 años y residente en Misuri, fue beneficiada por el TPS cuando apenas tenía apenas cinco años, después que su madre pidiera el amparo migratorio para las dos.
Alma asegura que no tiene recuerdos de El Salvador, pero sí del amparo migratorio.
“Yo crecí con el TPS”, insiste la inmigrante, que llegó a EE.UU. en brazos de su madre con apenas 18 meses de edad.
“Una vez los oficiales de inmigración me subieron en una silla para tomarme las huellas, yo pensaba que era un juego.
Ahora de adulta sé que eran los datos biométricos”, cuenta la mujer, que ha estado protegida por el TPS desde su designación en 2001.
El impacto en la vida de los inmigrantes
Alma ha querido llamar la atención del público sobre inmigrantes como ella, que llegaron a EE.UU. siendo niños y han estado en la mira de la Administración del presidente Donald Trump, quien desde su primer gobierno ha apuntado a terminar el TPS y el programa de Acción Diferida.
“Crecí con una vida estadounidense, con valores estadounidenses, ¿por qué nos quieren sacar?”, se pregunta.
“De niña yo no tuve la posibilidad de elegir donde hacer mi vida”, añade.
La Casa Blanca ha terminado con el TPS de varios países incluido Haití, Venezuela y Afganistán.
En el caso de El Salvador, un país con el que Trump actualmente mantiene buenas relaciones, el Ejecutivo dejará expirar la protección que vence este 9 de septiembre para unos 170.000 inmigrantes, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.
Estos salvadoreños perderán su permiso de trabajo y su estatus para residir legalmente en el país, lo que los pone en un inminente riesgo de deportación.
Una fábrica, varios afectados
Alma trabaja en una empresa de Misuri, donde ha alcanzado el rango de supervisora.
Cuenta que la compañía, que tiene plantas fuera de EE.UU., está preparándose para perder a “gente muy trabajadora”, algunos de ellos empleados desde 2001.
“Duele ver cómo la vida va a seguir fluyendo y serán reemplazados, cuando los afectados nos vamos sin nada”, reflexiona.
Para Alma y sus compañeros, el panorama se complica aún más por vivir en un estado republicano, donde los mismos congresistas federales a los que ella debería acudir para que aboguen a su favor quieren que se termine el TPS y que los inmigrantes regresen a su país.
“Cuando la gente me dice ‘regresa’ a El Salvador, para mí no es regresar a una vida porque no viví allí.
Pensar en eso es muy fuerte”, advierte.
Una idea que comparte José Palma, coordinador de la Alianza TPS, una iniciativa conformada desde 2017 para defender el amparo, y que reúne a organizaciones proinmigrantes que abogan por la aprobación de una ley que les permita acceder a la residencia permanente.
Palma, de 48 años, dijo a EFE que la incertidumbre sobre su futuro le ha obligado a frenar los proyectos que tenía, como una construcción en su vivienda.
El activista, que es padre de cuatro ciudadanos estadounidenses, también ha hecho recortes en sus gastos, en un esfuerzo para ahorrar ante la terminación del amparo, que lo dejaría sin autorización para trabajar.
Sin embargo, aún tiene la esperanza de que el Congreso de EE.UU. encuentre un camino para quedarse.
Al igual que Alma, resalta que en estos 25 años no se les ha ofrecido una solución.
“Lo habríamos solicitado hace mucho tiempo. ¿Quién quiere vivir sin saber qué pasará con su futuro?”, dice Palma.
En el caso de Alma, su madre falleció esperando lograr un camino a la residencia.
Ella sigue esperando que el país que la vio crecer le dé una oportunidad para quedarse.
