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Voz generada con inteligencia artificial por ElevenLabs. El texto es de la redacción de Finanzas y Negocios.
La Administración Trump propone cobrar US$103.265 adicionales por determinadas solicitudes de visas H-1B y prepara la revocación de hasta 200.000 visas de turismo o negocios a extranjeros que pidieron asilo. Una medida encarece la contratación internacional; la otra cuestiona el uso simultáneo de dos vías migratorias consideradas incompatibles.
Estados Unidos está levantando dos nuevas barreras sobre las principales rutas utilizadas por extranjeros para trabajar, desarrollar negocios o permanecer legalmente en el país.
Claves de la nota
- La Administración Trump propuso una tarifa adicional de US$103.265 para las peticiones de visas H-1B sujetas al límite anual.
- El Departamento de Estado prepara la revocación de hasta 200.000 visas de turismo o negocios a solicitantes de asilo.
- El documento oficial explica que la tarifa se calcularía sobre los 85.000 cupos H-1B disponibles cada año.
Por un lado, la Administración del presidente Donald Trump propuso una tarifa adicional de US$103.265 para buena parte de las nuevas peticiones de visas H-1B, utilizadas por las empresas para contratar profesionales extranjeros altamente calificados.
Por otro, el Departamento de Estado prepara la revocación de hasta 200.000 visas de turismo o negocios pertenecientes a extranjeros que solicitaron asilo después de entrar en territorio estadounidense.
Aunque afectan a poblaciones diferentes, ambas decisiones comparten una misma lógica: endurecer las condiciones de ingreso y permanencia, trasladar mayores costos a quienes utilizan el sistema migratorio y reducir los márgenes para pasar de una categoría temporal a otra forma de residencia.
Para las empresas, la consecuencia inmediata sería un encarecimiento extraordinario de la contratación internacional. Para los extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos, el mensaje es igualmente claro: poseer una visa válida ya no garantiza que esa autorización permanecerá vigente si el Gobierno considera que cambió el propósito original del viaje.
Una tarifa de US$103.265, no de US$100.000
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó este 25 de agosto una propuesta para crear una tarifa adicional de US$103.265 aplicable a las peticiones H-1B sujetas al límite anual establecido por el Congreso.
La cifra es mayor que los US$100.000 anunciados inicialmente por Trump en septiembre de 2025. Aquella primera medida fue impugnada y su implementación quedó anulada en junio pasado por un tribunal federal de Massachusetts. El Gobierno apeló la decisión y el caso continúa abierto.
Ahora, la Administración intenta establecer el cobro mediante el procedimiento regulatorio ordinario. La propuesta fue sometida a un período de 30 días para recibir comentarios públicos, por lo que todavía no es una tarifa vigente.
Este matiz es fundamental: las empresas no deben pagar inmediatamente los US$103.265. Para que el cobro entre en vigor, el DHS deberá analizar los comentarios, publicar una regla definitiva y establecer su fecha de aplicación.
El documento oficial explica que la tarifa se calcularía sobre los 85.000 cupos H-1B disponibles cada año: 65.000 de la cuota general y 20.000 reservados a profesionales con títulos avanzados obtenidos en universidades estadounidenses.
El DHS calcula que el nuevo cargo podría generar alrededor de US$8.777 millones anuales. Los recursos servirían para financiar tareas de varias agencias relacionadas con el sistema migratorio, incluidos los procesos de adjudicación, las cortes de inmigración, el control fronterizo, la verificación de antecedentes y la supervisión laboral. La propuesta puede consultarse en el Registro Federal de Estados Unidos.
¿Quién pagaría la nueva tarifa?
La obligación recaería sobre la empresa o institución que presenta la petición H-1B, no directamente sobre el trabajador extranjero.
El cobro se aplicaría a las nuevas peticiones sujetas al cupo anual, incluidas aquellas correspondientes a extranjeros que ya se encuentran legalmente en Estados Unidos y buscan cambiar a la categoría H-1B.
Quedarían fuera, en principio, las solicitudes exentas del límite anual, entre ellas determinadas contrataciones realizadas por universidades, entidades de investigación sin fines de lucro y organizaciones vinculadas con instituciones de educación superior.
Tampoco debe confundirse la propuesta con las renovaciones ordinarias de visas H-1B ya concedidas. El foco está puesto en las nuevas peticiones que compiten por los 85.000 cupos anuales.
Sin embargo, el documento deja abierta una circunstancia especialmente costosa: si los tribunales restituyeran el pago anterior de US$100.000 y la Casa Blanca prorrogara esa medida más allá de septiembre, una petición podría quedar sujeta a ambos cargos. No es hoy el escenario operativo más probable, pero sí una posibilidad contemplada expresamente por el DHS.
Un cambio en la economía de la contratación
La visa H-1B es una de las principales puertas de ingreso de ingenieros, desarrolladores, científicos, médicos, analistas financieros y otros profesionales especializados al mercado laboral estadounidense.
Por eso, la nueva tarifa no representa solamente un ajuste administrativo. Cambiaría la ecuación económica de cada contratación.
Una multinacional puede absorber un costo superior a US$100.000 para incorporar a un especialista difícil de reemplazar. Para una empresa mediana, una startup o un emprendimiento fundado por latinoamericanos, en cambio, el monto puede convertir la contratación en financieramente inviable.
La medida también podría concentrar las visas en profesionales con remuneraciones muy elevadas, porque las empresas reservarían ese desembolso para cargos cuya productividad o escasez justificara el costo.
En los hechos, la H-1B dejaría de funcionar únicamente como un sistema de selección por calificación y sorteo. La capacidad financiera del empleador se convertiría en un filtro decisivo.
Hasta 200.000 visas bajo revisión
La segunda medida se dirige a un universo completamente diferente.
Según funcionarios citados por EFE, el Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, planea revocar hasta 200.000 visas B-1 y B-2 concedidas a personas que posteriormente solicitaron asilo en Estados Unidos.
La B-1 permite realizar determinadas actividades de negocios —como asistir a reuniones, negociar contratos o participar en conferencias—, pero no autoriza a ocupar un empleo regular en Estados Unidos. La B-2 corresponde principalmente a turismo y visitas personales.
Por tanto, no se trata propiamente de retirar “visas de trabajo”, sino visas temporales de turismo o negocios. La distinción resulta importante para no confundir esta revisión con las categorías laborales H-1B, L-1 u O-1.
El argumento de la Administración es que solicitar asilo supone una intención de permanecer en Estados Unidos que puede entrar en contradicción con el propósito temporal declarado al obtener o utilizar una visa B-1/B-2.
El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, sostuvo que el Gobierno revisará casos de extranjeros que habrían utilizado permisos de corta duración para ingresar al país y luego buscar una permanencia indefinida mediante el sistema de asilo.
Revocar la visa no equivale a deportar automáticamente
La revocación de una visa y la pérdida inmediata del derecho a permanecer en Estados Unidos no son exactamente lo mismo.
La visa es el documento que permite solicitar el ingreso al país. El estatus migratorio, en cambio, determina bajo qué condiciones puede permanecer una persona una vez que ya fue admitida.
Por eso, revocar una visa B-1/B-2 puede impedir futuros viajes o reingresos, pero no necesariamente cancelar por sí solo una solicitud de asilo pendiente ni producir una deportación automática. La situación concreta dependerá del estatus actual de cada persona, de sus documentos de permanencia y del avance de su proceso migratorio.
No obstante, la medida puede aumentar considerablemente la vulnerabilidad jurídica de los afectados. También podría originar litigios sobre el debido proceso, la potestad del Departamento de Estado para ejecutar revocaciones masivas y los derechos de quienes solicitaron protección internacional.
Qué deben revisar empresas, trabajadores y viajeros
Para las empresas que contratan talento extranjero, la prioridad será identificar cuáles peticiones H-1B están sujetas al cupo anual y cuáles podrían calificar para una exención. También deberán incorporar el posible cargo de US$103.265 a sus presupuestos de reclutamiento, aunque la propuesta todavía no haya entrado en vigor.
Los profesionales que proyectan trabajar en Estados Unidos necesitarán evaluar no solo sus credenciales y probabilidades de selección, sino la disposición financiera de la compañía patrocinadora.
En el caso de los solicitantes de asilo que ingresaron con visas B-1 o B-2, será indispensable distinguir entre la vigencia de la visa, el estatus migratorio dentro del país, la autorización de empleo y el proceso de asilo. Son documentos y procedimientos diferentes, aunque una decisión sobre uno de ellos pueda afectar a los demás.
Las dos iniciativas aún pueden cambiar. La tarifa H-1B debe completar el procedimiento regulatorio y probablemente enfrentará nuevos cuestionamientos judiciales. La revocación de visas B-1/B-2 todavía debe ser formalizada y aplicada caso por caso o mediante un mecanismo que el Gobierno no ha detallado completamente.
Pero la dirección política ya resulta visible: Estados Unidos no está cerrando todas las vías legales de ingreso, aunque sí pretende hacerlas más costosas, menos flexibles y sujetas a una revisión permanente.
