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Voz generada con inteligencia artificial por ElevenLabs. El texto es de la redacción de Finanzas y Negocios.
El proyecto para 2027 aumenta apenas 2,5% frente al presupuesto aprobado este año.
Claves de la nota
- Presupuesto 2027 asciende a 455.374,8 millones de lempiras, un aumento del 2,5%.
- Inflación interanual en agosto alcanzó el 6,2%, según el Banco Central de Honduras.
- Servicio de la deuda previsto para 2027 ronda los L74.570 millones, 16,4% del total.
La inflación, el alza de los combustibles, el desempleo y el peso de la deuda estrechan el margen del gobierno de Nasry Asfura para responder a las demandas sociales sin alterar sus metas fiscales.
Las protestas por el precio de los combustibles trasladaron este lunes a las calles una pregunta que también deberá responder el Congreso hondureño: ¿cuánto margen tiene el Estado para atender nuevas urgencias con el Presupuesto que prepara para 2027? Transportistas y conductores bloquearon vías en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otros puntos del país para reclamar una rebaja, después de otra semana de aumentos que el subsidio estatal no logró evitar.
El Gobierno de Nasry Asfura presentó un Proyecto de Presupuesto de 455.374,8 millones de lempiras —cerca de US$17.000 millones al tipo de cambio utilizado en la presentación oficial—, 2,5% más que el presupuesto aprobado para 2026.
Finanzas lo defiende como una propuesta financiable: prevé un déficit de alrededor del 1 % del PIB, descarta nuevos impuestos en el escenario base y promete mejorar la recaudación y la eficiencia del gasto.
El documento está en manos del Congreso, que aún debe discutirlo y aprobarlo.
El contraste está en los precios.
En agosto, la inflación interanual llegó al 6,2%, según el Banco Central de Honduras (BCH).
Comparar esa tasa observada con el aumento nominal de 2,5% del proyecto no equivale a calcular el gasto real de 2027, que dependerá de la inflación futura y de la ejecución.
Pero sí muestra por qué un presupuesto que crece en lempiras puede sentirse limitado frente a los costos que ya enfrentan los hogares y las instituciones.
El combustible es el ejemplo inmediato.
Para la semana que comienza este 28 de septiembre, el diésel en Tegucigalpa sube L2,43 por galón, hasta L153,53; la gasolina regular aumenta L2,45, hasta L135,26.
El Ejecutivo elevó el apoyo temporal anunciado para amortiguar el alza, pero los precios al consumidor igualmente aumentaron.
Si las presiones persisten, sostener o ampliar la ayuda tendrá un costo fiscal; retirarla trasladaría una mayor carga a transportistas, empresas y hogares.
El Presupuesto para 2027 se discute, por tanto, en medio de una disyuntiva que ya se manifiesta en 2026.
Deuda e inversión compiten por espacio La propuesta reserva más de L40.000 millones para inversión pública en infraestructura y otras obras, además de plantear recursos para salud, educación, agroindustria y seguridad.
Es una apuesta por mejorar servicios y capacidad productiva, cuyo efecto dependerá de que las instituciones puedan ejecutar los proyectos a tiempo.
Pero el servicio de la deuda previsto para 2027 ronda L74.570 millones, aproximadamente 16,4% del presupuesto total.
Antes de decidir cómo responder a una nueva presión social, el Estado ya tiene una parte considerable de sus recursos comprometida.
El mercado laboral agrava el desafío La encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística correspondiente a 2026 sitúa la tasa de desocupación en 7,1%, frente a 4,9 % en 2025.
La inversión pública puede estimular actividad y empleo, pero su capacidad de hacerlo dependerá tanto de la selección de obras como de la ejecución y de la respuesta de la inversión privada.
Un aumento de partidas, por sí solo, no resuelve la falta de trabajo.
También se proyecta más gasto en seguridad, una prioridad del nuevo Gobierno.
Su desafío no se limita a sumar agentes y equipamiento: combatir redes criminales y controlar flujos financieros ilícitos requiere instituciones capaces de investigar, coordinarse y mostrar resultados.
El gran reto para el Gobierno será lograr que el refuerzo de seguridad, orientado a proteger la actividad legal, no desplace recursos que son imprescindibles para otras prioridades, como salud, educación e, incluso, si fuera necesario, mayor compensación para contener el alza de los combustibles en un virtual agravamiento del contexto geopolítico global.
Hay una precisión decisiva sobre la financiación.
Según Finanzas, 47,6% del proyecto provendría del Tesoro Nacional y 36,5% de recursos propios de entidades públicas; el 15,9 % restante correspondería a créditos y algunas donaciones.
Por eso, cuando el Gobierno sostiene que 84,1% se financiará con fuentes nacionales, suma dos categorías distintas.
La composición ayuda a evaluar la exposición al financiamiento externo, pero no elimina las restricciones que imponen la deuda y las demandas de gasto.
La discusión legislativa medirá algo más que la aprobación de una cifra cercana a L455.000 millones.
Medirá si las prioridades anunciadas —obras, salud, educación y seguridad— pueden convivir con respuestas sostenibles al encarecimiento de la vida y a la falta de empleo.
Las protestas de este lunes adelantan el costo político de una brecha entre el presupuesto escrito y los resultados que la población espera ver.
