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Voz generada con inteligencia artificial por ElevenLabs. El texto es de la redacción de Finanzas y Negocios.
Latinoamérica llevará a la COP31 sus demandas de financiación climática, transición energética y protección de la Amazonía, en medio de su dependencia petrolera.
Claves de la nota
- La cumbre de Belém concluyó con un acuerdo para movilizar 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035.
- Guatemala contó este año con dos millones de dólares para su fondo nacional de cambio climático y recuperó 20.000 hectáreas.
- República Dominicana impulsa una plataforma con préstamos superiores a 600 millones de dólares para proyectos de acción climática.
La financiación para adaptarse al cambio climático, la transición energética y la protección de los bosques amazónicos marcarán las prioridades de Latinoamérica en la COP31, que se celebrará en Antalya (Turquía), una región que combina avances ambientales con una fuerte dependencia de los combustibles fósiles.
La cumbre del clima de Belém (Brasil), celebrada en noviembre de 2025, concluyó con un acuerdo para movilizar 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo hasta 2035, dentro de una meta más amplia de 1,3 billones de dólares, mientras que el anfitrión impulsó el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), para captar 125.000 millones para conservar las selvas tropicales.
Adaptación y financiación
La financiación para afrontar los efectos del cambio climático es una de las principales prioridades de la región. Centroamérica y el Caribe, especialmente expuestos a sequías, inundaciones y huracanes, necesitan más fondos para reforzar sus infraestructuras y proteger a las comunidades vulnerables.
Guatemala contó este año con dos millones de dólares para su fondo nacional de cambio climático y mantiene incentivos forestales que, según el Gobierno, han permitido recuperar más de 20.000 hectáreas de bosques. Honduras, uno de los países más vulnerables de la región, reclama mayores recursos. La prolongada sequía de este año por el fenómeno de El Niño llevó a declarar la alerta roja en gran parte de sus municipios.
República Dominicana impulsa una plataforma nacional de financiación climática y cuenta con préstamos internacionales superiores a 600 millones de dólares para proyectos de acción climática, saneamiento y resiliencia de infraestructuras, además de inversiones de más de 250 millones para restaurar ecosistemas.
Perú buscará ampliar la cooperación y el acceso a recursos para afrontar fenómenos como El Niño, las lluvias intensas y las sequías, y realizó la primera transferencia latinoamericana de resultados de mitigación a Suiza, en el marco del Acuerdo de París.
Transición energética
La transformación de las matrices energéticas sigue marcada por una contradicción, ya que varios países buscan reducir sus emisiones mientras mantienen una fuerte dependencia económica del petróleo y el gas.
Brasil combina una matriz energética en la que el 88,2% procede de fuentes hidroeléctricas, eólicas y solares con la expansión de su producción petrolera. El Gobierno también busca cuadruplicar la producción de biocombustibles hasta 2035.
En México, el Ejecutivo pretende elevar del 23,4% registrado en 2024 al 38% en 2030 la participación de energías limpias en la generación eléctrica, pero también apuesta por fortalecer la petrolera Pemex, ampliar la refinación y mantener el gas natural como fuente estratégica.
Argentina combina el desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales, con el avance de las energías renovables, que ya representan alrededor de una cuarta parte de su generación eléctrica, y de proyectos de litio y cobre.
Guyana, convertida en un importante productor petrolero, aspira a que el 80% de su red eléctrica proceda de fuentes renovables en 2040, mientras desarrolla un proyecto para utilizar gas natural en la generación eléctrica.
Venezuela, dependiente de la renta petrolera, mantiene una matriz vinculada a los combustibles fósiles y afronta dificultades para diversificar su economía y desarrollar políticas ambientales, según advierte el ecólogo Carlos Peláez.
Ecuador se ha comprometido a mantener más del 80% de participación renovable en su matriz eléctrica, dominada por la hidroelectricidad, aunque los apagones provocados por las sequías en 2024 evidenciaron la necesidad de diversificar las fuentes. Mientras, Bolivia busca combinar el desarrollo económico con la conservación de sus recursos naturales.
En contraste, Chile y Uruguay destacan por sus avances en energías limpias. Chile tiene cerca del 65 % de su matriz eléctrica procedente de fuentes limpias y llevará a la COP31 “una agenda centrada en pasar de los compromisos a la implementación de la acción climática”, dijo a EFE Hernán López, jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente.
Uruguay, por su parte, alcanzó en 2025 el 98% de generación eléctrica renovable. Su próximo desafío es extender la descarbonización al transporte, la industria y otros sectores productivos.
La Amazonía en riesgo
La protección de los bosques, especialmente de la Amazonía, es otro de los grandes asuntos de Latinoamérica, que concentra una parte fundamental de los ecosistemas tropicales del planeta.
La COP30 dejó sobre la mesa una hoja de ruta impulsada por Brasil para detener y revertir la deforestación, aunque su aplicación dependerá de la financiación y de las medidas que adopten los países.
Brasil, que alberga la mayor extensión de la Amazonía, tiene un papel central en este desafío, al igual que Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Guyana. En Bolivia, el Gobierno ha anunciado una estrategia para convertir la Amazonía en un motor de desarrollo basado en la bioeconomía y el manejo sostenible de los bosques.
En Perú, las organizaciones indígenas y ambientales advierten sobre los riesgos de flexibilizar las normas de protección de tierras forestales, mientras que en Ecuador se han perdido 1,5 millones de hectáreas de cobertura forestal amazónica en 41 años, en paralelo a la expansión de las actividades humanas.
Venezuela afronta un avance de la deforestación asociado a la expansión agrícola, la minería ilegal y los incendios. Guyana, en cambio, busca proteger el 30 % de sus ecosistemas terrestres y marinos para 2030 y destaca el valor de sus más de 18 millones de hectáreas de bosques como reservorio de carbono.
