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Voz generada con inteligencia artificial por ElevenLabs. El texto es de la redacción de Finanzas y Negocios.
Hay una pregunta que pocas veces hacemos cuando hablamos de crecimiento económico: ¿qué tan libre es realmente una persona para trabajar, emprender, invertir, vender o hacer crecer su negocio? Una cosa es que la ley reconozca esas libertades y otra muy distinta que puedan ejercerse sin tropezar con trámites interminables, requisitos difíciles de entender, costos inesperados o instituciones que no responden dentro de los tiempos prometidos.
Claves de la nota
- En Guatemala, licencias y registros sanitarios pueden demorar entre cinco y ocho meses.
- Solo el 6,2% de empresas formales en El Salvador exportó bienes en 2022.
- El intercambio de bienes y servicios en El Salvador pasó del 49,6% al 88,2% del PIB.
Ese es, precisamente, uno de los debates que Centroamérica necesita poner sobre la mesa.
La brecha de las libertades económicas en América Latina
La discusión sobre la brecha entre las libertades económicas reconocidas por las normas y la posibilidad de ejercerlas en la vida económica cotidiana surgió con fuerza en el foro LATAM Sin Barreras. Este evento, promovido por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), la Cámara de Comercio de Bogotá y el Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional, reveló una realidad preocupante en la región.
Cinco investigaciones de centros de pensamiento de la región mostraron que en América Latina existe una brecha importante entre las libertades que reconocen las normas y la posibilidad de ejercerlas en la vida económica cotidiana. En Centroamérica, esta brecha tiene rostros concretos y afecta directamente el desarrollo empresarial.
El impacto de la burocracia en Guatemala
En Guatemala, las empresas enfrentan demoras significativas en la obtención de licencias o registros sanitarios, lo que impide la comercialización de productos y genera sobrecostos. El CIEN encontró que, aunque el Ministerio de Salud establece plazos de entre 15 y 20 días hábiles, los empresarios reportan esperas de entre cinco y ocho meses, afectando gravemente la competitividad.
Una empresa puede tener un producto listo para comercializar, un mercado esperando y capital invertido, pero encontrarse con que una licencia o un registro sanitario no llega a tiempo. El problema no es solamente esperar, sino todo lo que ocurre mientras se espera.
Un registro que se demora puede impedir lanzar un nuevo producto, detener la comercialización de otro cuyo permiso está por vencer y obligar a las empresas a destinar más personal y recursos a perseguir trámites. Incluso puede traducirse en operaciones detenidas y sobrecostos que, al final, terminan afectando la competitividad.
Cuando entre 30% y 50% de las solicitudes presentan rechazo o algún reparo, como señala la investigación del CIEN, la discusión ya no debería ser solamente sobre eficiencia administrativa. También debería ser sobre libertad económica: ¿cuánto le cuesta a una empresa, especialmente a una pequeña, que el Estado no pueda darle certeza sobre cuándo podrá cumplir una obligación? El caso de El Salvador muestra otra cara del mismo problema.
Desafíos del comercio internacional en El Salvador
El Salvador, a pesar de su creciente vinculación con el comercio internacional, enfrenta desafíos para que sus empresas aprovechen esta apertura, especialmente las pequeñas. Solo el 6,2% de las empresas formales exportó bienes en 2022, y las pequeñas, aunque representaron el 86% de las exportadoras, explicaron apenas el 4% del valor total exportado.
El país tiene una economía cada vez más vinculada al comercio internacional. El intercambio de bienes y servicios pasó de representar 49,6% del PIB en 1990 a 88,2 % en 2025. Sin embargo, solamente 6,2 % de las empresas formales exportó bienes en 2022.
Entre las empresas exportadoras, las pequeñas representaron 86%, pero apenas explicaron 4% del valor total exportado. Estos números obligan a hacerse una pregunta compleja: si existe apertura comercial, ¿por qué las empresas no la aprovechan más? Parte de la respuesta está en los costos para exportar.
Aduanas, puertos, aeropuertos, transporte terrestre y otros procesos pueden convertirse en costos que una gran empresa soporta, pero que para un pequeño negocio pueden ser la diferencia entre vender afuera o quedarse en el mercado local.
La importancia de las libertades económicas en Centroamérica
La libertad económica no implica la ausencia del Estado, sino un Estado que facilita la actividad económica en lugar de obstaculizarla con regulaciones desproporcionadas o lentas. Las normas son necesarias para proteger consumidores y financiar bienes públicos, pero su propósito se desvirtúa cuando se convierten en una carga impredecible.
Las normas son necesarias. Los registros sanitarios protegen a los consumidores. Las aduanas deben controlar. Los impuestos financian bienes públicos. La justicia debe garantizar contratos y derechos. El problema aparece cuando la regulación deja de cumplir su propósito y se transforma en una carga desproporcionada, impredecible o lenta.
Estrategias para fortalecer el entorno empresarial
Para superar los desafíos y fortalecer las condiciones de libertad económica, es crucial trabajar en el Estado de derecho, el capital humano y el entorno empresarial. Esto implica seguridad, justicia eficiente, trabajadores mejor preparados y reglas claras, servicios e instituciones que acompañen a las empresas, no que las frenen.
A fin de superar estos desafíos El Salvador ha desarrollado una importante experiencia de colaboración pública privada a través de la Comisión Nacional de Facilitación de Comercio. También, hay un proceso de unión aduanera profunda entre Guatemala, Honduras y El Salvador, y la creación de pasos fronterizos únicos.
Se ha implementado un proceso de mejora regulatoria que reduce los tiempos para hacer trámites, y se creó una sociedad mixta para la operación de puertos que están dando resultados positivos. Todo esto está facilitando el comercio exterior.
Norman Loayza, director del Grupo de Indicadores de Política Económica del Banco Mundial, planteó en Latam Sin Fronteras, foro sobre libertades económicas, que para fortalecer las condiciones de libertad económica es necesario trabajar, al menos, en tres frentes: Estado de derecho, capital humano y entorno empresarial.
Esto significa seguridad y justicia que funcionen, trabajadores mejor preparados y reglas, servicios e instituciones capaces de acompañar a las empresas en lugar de frenarlas. Su planteamiento tiene una enorme vigencia para Centroamérica.
Porque un empresario no necesita que el Estado le resuelva el negocio. Necesita saber cuáles son las reglas, cuánto cuestan, cuánto tardan y que se cumplan de manera consistente. Necesita poder planear.
También necesitamos dejar de medir únicamente lo que dice una norma y comenzar a medir lo que ocurre cuando una persona intenta ejercer esa libertad. El Banco Mundial ha advertido que las brechas de implementación importan tanto como las reglas mismas: registrar una empresa, obtener un permiso o resolver una disputa puede tomar tiempos muy distintos según el país y la calidad de sus instituciones.
Aquí es donde conviene mirar a quienes sí lograron romper ciclos de pobreza y baja productividad. Singapur pasó, en pocas décadas, de ser considerado uno de los países más pobres a convertirse en una economía de altos ingresos, apoyada en Estado de Derecho, servicios públicos eficientes, infraestructura, educación y un entorno regulatorio favorable para los negocios.
Corea del Sur, por su parte, protagonizó una transformación igualmente extraordinaria: su ingreso per cápita pasó de alrededor de US$1.200 en 1960 a unos US$33.0.
