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Voz generada con inteligencia artificial por ElevenLabs. El texto es de la redacción de Finanzas y Negocios.
Empresa privada para cobrar multas migratorias en Centroamérica
El Gobierno del presidente Donald Trump busca contratar a una empresa privada para que busque y localice en México, Guatemala y Honduras a personas que fueron deportadas o salieron voluntariamente de Estados Unidos y que aún tienen multas migratorias pendientes de pago. El gobierno de Donald Trump busca contratar una empresa privada para localizar en Guatemala y Honduras a migrantes con multas pendientes y gestionar su cobro.
Claves de la nota
- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estima unos 423 millones de dólares en multas migratorias sin pagar.
- Unos 66.387 inmigrantes expulsados tienen multas civiles pendientes de pago según cálculos oficiales.
- La sanción diaria por no cumplir una orden de expulsión asciende actualmente a 998 dólares al día.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) explica en una convocatoria de contratación federal que necesita una compañía capaz de encontrar a estas personas fuera de Estados Unidos, notificarlas de la deuda y gestionar su cobro.
El contratista deberá ser una empresa registrada en Estados Unidos que pueda proporcionar servicios mejorados de localización de deudores en, como mínimo, México, Honduras y Guatemala
Una vez localizada la persona, la empresa deberá comunicarle cuánto debe y facilitar el pago completo de la multa, un acuerdo para abonarla a plazos u otra forma de resolver la deuda. El dinero podrá ser pagado por el propio inmigrante o por un tercero.
La empresa también tendrá que demostrar a las autoridades estadounidenses que encontró a la persona correcta. Para ello podrá recopilar pruebas como fotografías de su vivienda, facturas de servicios públicos o registros laborales. Si la persona ha fallecido, deberá obtener un certificado de defunción.
Cifras de las deudas y sanciones
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza calcula que unos 66.387 inmigrantes que ya fueron expulsados o abandonaron voluntariamente EE.UU. tienen multas civiles pendientes de pago.
En total, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) estimaba en julio que existen unos 423 millones de dólares en multas migratorias sin pagar.
El Gobierno de Trump reactivó el año pasado el cobro de multas civiles contra inmigrantes por diferentes infracciones de la legislación migratoria, entre ellas el incumplimiento de una orden de expulsión.
La sanción diaria por no cumplir una orden de este tipo fue fijada originalmente en 500 dólares por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés) en 1996 y actualmente asciende a 998 dólares al día tras los ajustes por inflación.
Operaciones de cobranza en el extranjero
El Gobierno estadounidense ya utiliza empresas privadas para cobrar este tipo de deudas, pero hasta ahora estas operan desde territorio estadounidense.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza mantiene actualmente órdenes de trabajo con tres compañías privadas de cobranza encargadas de recuperar multas y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Patrulla Fronteriza.
Cuando una persona se encuentra fuera de EE.UU., estas compañías intentan localizarla mediante cartas o llamadas telefónicas, pero ninguna había conseguido encontrar a un deudor en el extranjero hasta julio pasado, según la CBP.
La nueva contratación busca precisamente ampliar esa capacidad fuera de las fronteras estadounidenses y permitir que una empresa localice directamente a los deudores en los países donde residen.
Actualmente, la CBP no tiene contratada ninguna compañía de cobranza que opere fuera de Estados Unidos, destacó la agencia.
