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Sanciones de Estados Unidos contra la CPI
Estados Unidos impuso sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane. El presidente Donald Trump declaró abiertamente la guerra al tribunal al retornar al poder el año pasado, y en febrero firmó una orden ejecutiva que calificaba distintas iniciativas de la CPI como una “amenaza” para la seguridad nacional.
Claves de la nota
- EE.UU. sanciona a Tomoko Akane, presidenta de la CPI, y a Abdoulaye Seye.
- Trump declara guerra al tribunal, calificando iniciativas de la CPI como ‘amenaza’.
- La Asamblea de Estados Partes critica las sanciones por erosionar el Estado de derecho.
La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que sanciona a Akane y también a Abdoulaye Seye, abogado senegalés de la fiscalía en la CPI, a partir de hoy. Estas medidas permitirán operaciones limitadas con cuentas asociadas a ambos para poder liquidar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.
Como es habitual, la OFAC indicó que EE.UU. también sancionará transacciones con “cualquier entidad en la que una o varias de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, ya sea individual o conjuntamente, una participación del 50 % o más”.
Funciones y alcance de las sanciones
Como presidenta de la CPI, Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la corte. Por su parte, Seye parece haber supervisado investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania o al suministro de armas a colonos, un área especialmente sensible para Washington, que no reconoce la legitimidad del tribunal.
“La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal”, explicó por su parte el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
El anuncio de hoy está en línea con lo adelantado en julio por el propio Rubio, que prometió endurecer la campaña para desmantelar la corte en semanas venideras. Trump declaró abiertamente la guerra al tribunal al retornar al poder el año pasado, y en febrero firmó una orden ejecutiva que calificaba distintas iniciativas de la CPI como una “amenaza” para la seguridad nacional.
En concreto, la orden pone la diana en las investigaciones de la CPI sobre el ejército de EE.UU. en lugares como Afganistán y las órdenes de detención que la corte emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.
Hasta la fecha, la Administración Trump se ha amparado en esta orden para sancionar a fiscales y jueces de la CPI, así como la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos.
EE.UU. no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber firmado nunca el estatuto de Roma, y el Gobierno Trump aplica la misma tesis para Israel y sus ciudadanos, al tampoco ser firmante.
“La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal”
Reacción internacional a la medida estadounidense
La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) criticaron este miércoles las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y un miembro de la Fiscalía. Señalaron que esas y otras medidas de Washington “erosionan el Estado de derecho” y el “orden internacional basado en las reglas”.
El órgano legislativo y de supervisión de la gestión de la corte con sede en La Haya, donde están representados los 125 países del Estatuto de Roma -entre los que no se encuentra Estados Unidos– reaccionó así a las sanciones anunciadas el martes por Washington contra Akane, jueza japonesa y presidenta de la CPI, y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal.
“Estas nuevas acciones, que se suman a las designaciones anteriores de la cúpula de la Oficina del Fiscal y de ocho jueces de la Corte Penal Internacional, constituyen lamentables intentos de obstaculizar a la corte y a su personal en el ejercicio de las funciones encomendadas para investigar y juzgar casos que involucran los peores crímenes conocidos por la humanidad”, señaló la Asamblea en un comunicado.
La “escalada” de sanciones contra funcionarios y personal de la CPI por parte de EE.UU. “corre el riesgo de socavar las investigaciones en curso y de dificultar los esfuerzos globales orientados a garantizar la rendición de cuentas y a hacer justicia a las víctimas de los crímenes más graves que conciernen a la comunidad internacional en su conjunto”, alertaron los países miembros de la CPI.
“Instamos a todos los Estados Partes y partes interesadas del sistema del Estatuto de Roma a mantenerse firmes en su compromiso de defender los principios de la justicia internacional y a permanecer unidos en apoyo a la corte y a los valores consagrados en el Estatuto de Roma”, añadió la Asamblea.
