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Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional alivia la deuda de El Salvador
La calificadora destaca que el acuerdo alcanzado con el FMI permitió reducir un importante riesgo de liquidez vinculado a obligaciones previsionales por US$2.300 millones. Sin embargo, sostiene que la sostenibilidad de las finanzas públicas dependerá de mantener superávits fiscales primarios y avanzar en la reducción del endeudamiento.
Claves de la nota
- La calificadora Moody’s estima que la deuda pública de El Salvador superará el 90% del producto interno bruto en el año 2027.
- El acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional permitió reducir un riesgo de liquidez por US$2.300 millones vinculado a pensiones.
- La legislación de 2022 estableció un período de gracia de cuatro años hasta abril de 2027 que postergó pagos de capital e intereses.
El Salvador ha conseguido aliviar uno de los mayores riesgos financieros que enfrentaba para 2027, pero sus finanzas públicas todavía presentan vulnerabilidades estructurales que exigirán mantener una estricta disciplina fiscal durante los próximos años.
Esta es la principal conclusión de un análisis divulgado este lunes 19 de octubre por Moody’s Ratings, que reconoce mejoras en la capacidad de financiamiento del Gobierno salvadoreño y en el desempeño económico del país, aunque advierte que la deuda pública continuará siendo elevada.
La calificadora estima que el endeudamiento del Estado superará el 90% del producto interno bruto (PIB) en 2027, cuando se reconozcan obligaciones acumuladas con los fondos privados de pensiones.
La proyección incluye aproximadamente 30 puntos porcentuales del PIB correspondientes a compromisos previsionales de largo plazo.
El informe, titulado “Government of El Salvador: Pension agreement eases key 2027 liquidity risk but keeps focus on debt reduction”, analiza las implicaciones del acuerdo alcanzado entre las autoridades salvadoreñas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para resolver obligaciones originadas por la reforma del sistema de pensiones de 2022.
Para Moody’s, el entendimiento constituye un avance positivo porque reduce la posibilidad de que el Gobierno de Nayib Bukele deba realizar un desembolso extraordinario de miles de millones de dólares en 2027.
Sin embargo, la calificadora enfatiza que
“evitar una crisis de liquidez no equivale a reducir el endeudamiento ni garantiza, por sí solo, la sostenibilidad fiscal”
El compromiso previsional que preocupaba a los mercados
Uno de los principales focos de incertidumbre sobre las finanzas salvadoreñas se encuentra en las obligaciones derivadas de la reforma de pensiones aprobada en 2022. Esa legislación estableció un período de gracia de cuatro años, hasta abril de 2027, durante el cual se postergaron pagos de capital e intereses correspondientes a una parte importante de la deuda previsional.
Pero el aplazamiento de los pagos no significó la desaparición de las obligaciones. Durante esos años continuaron acumulándose intereses y otros compromisos relacionados con el sistema de pensiones.
De acuerdo con Moody’s, el monto pendiente alcanzaría aproximadamente US$2.300 millones, equivalentes al 5,5% del PIB salvadoreño.
La proximidad del vencimiento del período de gracia había generado preocupación por la posibilidad de que el Estado necesitara obtener recursos extraordinarios para afrontar esas obligaciones.
En una economía con un elevado endeudamiento público, una exigencia de liquidez de esa magnitud podía traducirse en mayores presiones sobre las necesidades de financiamiento, el costo de la deuda soberana y las condiciones de acceso a los mercados.
El acuerdo alcanzado con el FMI modifica sustancialmente ese escenario.
¿Cómo se resolverá el compromiso con los fondos de pensiones?
El mecanismo previsto contempla que la mayor parte de las obligaciones acumuladas pueda capitalizarse mediante la emisión de nuevos certificados previsionales de largo plazo. En lugar de efectuar un desembolso extraordinario en efectivo durante 2027, el Gobierno reconocería formalmente esos compromisos y establecería un calendario de pagos de capital e intereses.
Según el esquema descrito por Moody’s, el servicio de las nuevas obligaciones comenzaría hacia finales de 2027 y se distribuiría durante un período prolongado.
La operación permitiría preservar el valor de los derechos financieros de los fondos de pensiones y, simultáneamente, evitar una presión inmediata de gran magnitud sobre la tesorería pública.
El entendimiento ya fue incorporado a las proyecciones del FMI y forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la liquidez y sostenibilidad del sistema previsional.
Para Moody’s, esta solución representa un avance porque transforma un posible episodio de tensión de liquidez en un reconocimiento contable de obligaciones acompañado por pagos graduales.
No obstante, existe una diferencia fundamental:
“la operación modifica el calendario de pagos, pero no elimina la deuda que el Estado deberá atender”
La deuda pública seguirá siendo el principal desafío
El reconocimiento de las obligaciones previsionales tendrá consecuencias importantes sobre las estadísticas fiscales. Moody’s calcula que la relación entre deuda pública y PIB aumentará por encima del 90% en 2027.
La estimación pone de manifiesto el peso de los compromisos acumulados por el Estado y la necesidad de sostener políticas fiscales capaces de reducir progresivamente el endeudamiento.
El FMI, en su revisión aprobada el 1 de octubre, proyecta que la deuda bruta del sector público no financiero, incluidos los certificados previsionales CIP-A, se situará en el 85% del PIB en 2026 y aumentará al 89,2% en 2027.
El incremento registrado en 2027 no debe interpretarse íntegramente como nueva deuda contraída durante ese año, dado que parte corresponde a obligaciones previamente acumuladas que pasarán a reflejarse de otra manera en los registros fiscales.
Moody’s sostiene que, una vez realizado ese reconocimiento extraordinario, la cuestión decisiva será la capacidad del Gobierno para colocar la deuda en una trayectoria descendente sostenida.
Eso requerirá mantener superávits primarios, es decir, que los ingresos públicos superen los gastos antes del pago de intereses de la deuda.
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