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Voz generada con inteligencia artificial por ElevenLabs. El texto es de la redacción de Finanzas y Negocios.
El 9 de octubre, un sismo de magnitud 7,7 sacudió la península de Azuero, en el sur de Panamá. Este evento no dejó muertos, pero sí unos 30 heridos, 656 escuelas afectadas y una declaratoria de emergencia nacional. Al 13 de octubre, el Gobierno contabilizaba 6.174 personas afectadas.
Claves de la nota
- Colombia recibió 222,5 toneladas de insumos y 144 rescatistas extranjeros tras el sismo.
- Panamá activó un crédito contingente del BID por hasta 300 millones de dólares para desastres.
- Guatemala envió 23,77 toneladas de ayuda a Colombia 21 días después del terremoto.
Dos meses antes, Panamá había sido uno de los siete gobiernos de Centroamérica y el Caribe hispano que ofrecieron ayuda a Colombia tras el terremoto del 10 de agosto. Esta vez le tocó recibirla, y ambos países dejaron registros oficiales que permiten seguir el recorrido de la asistencia.
La ayuda regional terremotos: Respuesta a Colombia y Panamá
La región ha respondido a los recientes terremotos en Colombia y Panamá con asistencia humanitaria y financiera, aunque la coordinación y los mecanismos de envío varían. Colombia recibió 222,5 toneladas de insumos y 144 rescatistas extranjeros, mientras que Panamá activó líneas de crédito contingente y recibió apoyo médico de Costa Rica.
El 16 de agosto, la Cancillería de Colombia publicó el inventario de la cooperación recibida. Los países que despacharon insumos y rescatistas fueron:
- El Salvador (100 toneladas)
- México (58,5)
- Chile (50)
- Perú (14)
Guatemala aparecía entonces en el apartado de ayuda comprometida. El terremoto colombiano, de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó 335 muertos, 4.516 heridos y 486.917 damnificados en 16 departamentos, según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) al 13 de octubre.
Coordinación y desafíos en la asistencia
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ofreció apoyo el 10 de agosto y encargó la coordinación a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Bogotá aceptó unas 30 toneladas en kits de alimentos y aseo, pero el cargamento no salió de inmediato.
El 17 de agosto, Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Conred, explicó el motivo: Guatemala no tiene un avión de carga propio. El envío se concretó el 31 de agosto, 21 días después del sismo, con 23,77 toneladas, y la Conred atribuyó el traslado aéreo al apoyo de DHL.
Cinco gobiernos de la región ofrecieron diversas respuestas. Costa Rica emitió un comunicado de su Cancillería y activó su consulado en Bogotá. Honduras se pronunció en X, por medio del presidente Nasry Asfura. Nicaragua envió una carta de Daniel Ortega y Rosario Murillo y anunció que actualizaría sus propios planes ante terremotos. El dominicano Luis Abinader ofreció la asistencia que se requiriera.
Panamá ofreció colaborar “dentro de nuestra capacidad”, en palabras del presidente José Raúl Mulino. Sin embargo, el 12 de agosto, el director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith Gallardo, explicó que ese ofrecimiento no se había traducido en un envío porque Colombia no había solicitado asistencia internacional. El Salvador, con sus dos aviones, fue el mayor aporte bilateral en especie que recibió Colombia.
En Panamá operó el mismo mecanismo. Horas después del sismo, Smith Gallardo repitió el razonamiento desde el otro lado:
En este momento Panamá no necesita ayuda de otros países. Recibimos con mucha anuencia el ofrecimiento.
Respondía, entre otros, al presidente colombiano Abelardo De la Espriella, que ese día ofreció asistencia y la reiteró el 12. Al 13 de octubre no se había registrado un envío desde Colombia. Lo que se concretó llegó por solicitud expresa.
El 13 de octubre, Costa Rica despachó a dos hospitales de Azuero una misión médica de 23 personas, a petición oficial del Gobierno panameño. Esta misión incluyó dos módulos asistenciales, plantas eléctricas, equipos de agua y saneamiento, y personal bajo los estándares de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Naciones Unidas, que estimó en 38.000 las personas que necesitan asistencia humanitaria en Panamá (8.300 de ellas niños y adolescentes), movilizó 16,8 toneladas a través de su agencia para los refugiados.
Estándares de certificación y capacidad de respuesta
Colombia aceptó en agosto equipos de búsqueda y rescate de solo cuatro países: Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador. Este criterio, según el director de la UNGRD, David Tamayo, se atribuyó a estándares internacionales de certificación.
Estos estándares son administrados por el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), una red de la ONU que evalúa equipos de rescate urbano mediante una clasificación externa. Desde 2005, en todo el continente americano solo cuatro equipos la han obtenido: dos de Estados Unidos, uno de Chile y uno de Colombia. Ecuador se sumó en mayo de 2026. Ningún país de Centroamérica o el Caribe ha completado ese proceso.
Cuando Panamá necesitó evaluación estructural especializada, Estados Unidos desplegó dos equipos técnicos en las primeras 24 horas, demostrando la importancia de estas certificaciones para la asistencia especializada.
Mecanismos financieros para desastres
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió alerta naranja por pérdidas económicas en Panamá, estimándolas entre 0% y 1% del PIB. En Colombia, la alerta fue roja, con un rango de 0% a 6%, lo que subraya la magnitud del impacto económico de estos eventos.
Panamá recurrió a lo que ya tenía firmado para financiar la respuesta. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso a disposición hasta 300 millones de dólares de su crédito contingente para desastres, que incluye cobertura sísmica. El CAF donó 250.000 y habilitó unos 50 millones de su línea.
El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó hasta 100 millones en contrataciones especiales, mantuvo el techo de déficit en 3,5% del PIB y descartó pedir dispensa. El país pagará primero con seguros y donaciones, y se endeudará solo si es indispensable.
Panamá es uno de los cuatro gobiernos centroamericanos del Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe para el Caribe y Centroamérica (CCRIF SPC) y tiene póliza de terremoto. Al 13 de octubre no se había anunciado pago alguno por el sismo del 9; en los dos sismos panameños que el fondo evaluó antes, en 2023 y 2025, su modelo arrojó pérdida gubernamental cero.
El Banco Mundial mantiene líneas Cat DDO, créditos contingentes que se contratan antes del desastre y se desembolsan al declararse la emergencia, por 160 millones de dólares con Costa Rica, 110 con Honduras y 100 con Panamá.
Un análisis del BID y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) de octubre de 2025 calcula en 4.000 millones de dólares las pérdidas anuales esperadas en la infraestructura.
