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Más de 170.000 salvadoreños enfrentan el vencimiento del TPS en EE.UU. y el riesgo de perder su permiso de trabajo y protección migratoria.
Claves de la nota
- Más de 170.000 salvadoreños enfrentan el vencimiento del TPS en Estados Unidos el próximo 9 de septiembre.
- El beneficio migratorio fue otorgado originalmente en febrero de 2001 tras dos terremotos en El Salvador.
- Las deportaciones hacia El Salvador crecieron un 73,8 % en el primer semestre de 2026.
Más de 170.000 inmigrantes salvadoreños han comenzado una carrera contrarreloj para evitar su deportación, a menos de un mes de que se venza el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, un beneficio que ha estado en la mira del Gobierno del presidente, Donald Trump, desde su primer mandato.
El TPS para los salvadoreños vence el próximo 9 de septiembre y su terminación dejaría a los beneficiados sin permiso de trabajo y expuestos a la deportación.
“La gente (las personas amparadas por el TPS) está atemorizada”, dice a EFE Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), que ha impulsado las renovaciones del amparo otorgado en febrero de 2001 a El Salvador, tras los dos terremotos que azotaron al país ese año.
Cuenta que en los últimos días el teléfono de la organización no ha parado de sonar con preguntas de salvadoreños que “están en pánico” por la posible cancelación.
La respuesta para estos inmigrantes no es muy esperanzadora. El abogado de inmigración Fernando Romo cree que “no es probable” que se extienda el amparo, según advierte a EFE.
La cruzada de Donald Trump contra el TPS
El Estatus de Protección Temporal para unos 170.000 salvadoreños en Estados Unidos llega a su vencimiento este 9 de septiembre, dejándolos sin permiso de trabajo ni residencia legal, bajo las órdenes del presidente Donald Trump que impulsan su inminente final y exponen a los inmigrantes a la deportación.
Su negativa se basa en las órdenes impartidas contra este programa por el presidente Donald Trump, tanto en su primera (2017-2021) como en la actual Administración.
En enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó la cancelación del TPS para El Salvador, dando a los amparados (unos 180.000 para ese año) 18 meses para buscar otro camino para la residencia o salir del país.
El programa logró mantenerse por una orden judicial, tras una demanda presentada por beneficiarios y sus hijos estadounidenses, alegando que el Gobierno se basó en razones discriminatorias y racistas.
A pesar de la derrota, Donald Trump continuó con su cruzada al regresar a la Casa Blanca eliminando el amparo de varios países, entre ellos Venezuela y Haití, que también recurrieron a los tribunales. Pero el republicano esta vez se alzó con una victoria cuando la Corte Suprema dictaminó que tenía autoridad de revocar el TPS.
En el caso de El Salvador, un país con el que Donald Trump actualmente mantiene buenas relaciones, se cree que el Ejecutivo solo dejará expirar la protección para unos 170.000 inmigrantes, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.
Estos salvadoreños perderán su permiso de trabajo y su estatus para residir legalmente en el país, lo que los pone en un inminente riesgo de deportación. Es una situación “muy complicada”, estima Fernando Romo.
Buscando ser invisibles
Los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos ocultan su activismo y evitan protestar ante el temor a operativos migratorios, mientras líderes comunitarios y empresarios exigen una solución legislativa definitiva al Congreso ante el inminente riesgo de deportación.
El miedo en los tepesianos, como se conoce a los beneficiados, es tal que han pasado de ser muy vocales a quedarse casi en silencio: “La migra está viendo quién protesta, así que es momento de quedarse callados”, indicó a EFE un salvadoreño beneficiado con el TPS, que prefirió mantener el anonimato.
Aunque Teresa Tejada entiende el temor, también cree que solo una lucha coordinada que incluya a los inmigrantes podrá salvar el amparo. Un mensaje que el salvadoreño José Urias ha reforzado en los últimos días para que el Congreso actúe y prorrogue el amparo para unos 16 países.
José Urias, un empresario que emplea a más de 50 personas en Malden (Massachusetts) y que está protegido por el TPS, ha sido una cara activa en el movimiento de la Alianza TPS, creado para defender el programa.
“Los favorecidos por el TPS somos gente trabajadora, tenemos un récord limpio, el FBI nos chequea cada 18 meses, y pagamos impuestos. Entonces, ¿por qué nos quieren sacar del país?”
Cuenta que aunque tiene una empresa de construcción y de finca raíz que genera empleo y paga impuestos, no ha encontrado otra vía para cambiar su estatus de TPS en décadas. “Nunca nos han dado ese camino a la ciudadanía. Ya es hora de que el Congreso actúe”, insiste.
Para Teresa Tejada en esta lucha también es necesaria la intervención del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a favor de los tepesianos, que envían remesas a su país. Sin embargo, el mandatario no ha podido frenar las deportaciones, que en el primer semestre de 2026 crecieron un 73,8%.
