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Secreto de Estado en la seguridad de Costa Rica
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, decretó este lunes como secreto de Estado toda la información, documentos y archivos de tres órganos estratégicos en materia de seguridad bajo su mando: la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad y el grupo de trabajo interinstitucional “Fuerza Élite”.
Claves de la nota
- La presidenta Laura Fernández decretó como secreto de Estado informes y archivos de órganos de seguridad estratégicos.
- La medida abarca a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad y Fuerza Élite.
- El decreto surge mientras Costa Rica enfrenta elevadas cifras de homicidios vinculadas directamente al narcotráfico.
La presidenta de Costa Rica Laura Fernández declaró como secreto de Estado “los informes, documentos, archivos o información vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Grupo de Trabajo del Gobierno de Costa Rica denominado Fuerza Élite, así como cualquier otra coordinación que sobre el tema de seguridad y defensa del Estado dirija la Presidencia de la República”.
Este decreto surge en momentos en que Costa Rica sufre elevadas cifras de homicidios vinculadas al narcotráfico, un fenómeno que se ha convertido en el principal problema de seguridad de este país históricamente pacífico y estable.
En su plan de Gobierno la presidenta Fernández, una politóloga conservadora de derecha, prometió mano dura contra la delincuencia e incluyó la posibilidad de impulsar el estado de excepción en zonas “conflictivas” si la situación de seguridad empeora. En sus primeros tres meses al frente del Estado, la gobernante no ha planteado esa opción.
En un decreto publicado este lunes en el diario oficial La Gaceta, Fernández declaró como secreto de Estado “los informes, documentos, archivos o información vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Grupo de Trabajo del Gobierno de Costa Rica denominado Fuerza Élite, así como cualquier otra coordinación que sobre el tema de seguridad y defensa del Estado dirija la Presidencia de la República”.
El secreto de Estado incluye aquella información relacionada con:
- Las formas de operación de la delincuencia organizada y las dinámicas policiales de prospección y despliegue, capacidades operativas y procedimientos especiales.
- También la información vinculada con planes de respuesta, estructuras de mando, protocolos de intervención, recursos tecnológicos, mecanismos de inteligencia, coordinación interinstitucional, protocolos de evaluación de confiabilidad y sus resultados, planes de protección a funcionarios, partidas, rubros de gastos y presupuestos.
- Además abarca la totalidad de las actuaciones, expedientes administrativos, estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, financiamientos, contratos y fases de ejecución de los procedimientos de contratación pública de los tres órganos de seguridad que cita el decreto.
El Gobierno de Fernández y el de su antecesor y mentor Rodrigo Chaves, ahora ministro de la Presidencia (Interior) y de Hacienda, han criticado constantemente al Poder Judicial por los problemas de inseguridad del país, ya que afirman que el narcotráfico se ha infiltrado en la administración de justicia y los jueces suelen liberar a los delincuentes que la policía atrapa.
La oposición política también ha cuestionado acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Fernández en la “Fuerza Élite”, como por ejemplo el uso de polígrafos para aplicarlos a funcionarios de seguridad y la confidencialidad con que ha manejado información como los resultados de las pruebas y la empresa contratada para brindar el servicio.
En su decreto de este lunes, el Gobierno señala que la información incluida en el secreto de Estado “reviste un carácter sensible para la seguridad y defensa nacionales, la protección de los intereses esenciales del Estado y el interés público involucrado”.
Agrega que “la divulgación de esta información puede comprometer operaciones en curso o futuras, poner en riesgo la vida e integridad física de funcionarios públicos y terceros, afectar compromisos de cooperación internacional en materia de seguridad y comprometer la eficacia operativa”.
